y explotación, aparecen nuevas formas de resistencia. Negri critica la idea de que la multitud pueda transformar el sistema sin enfrentarse directamente al “centro” del Imperio, argumentando que la lucha debe darse en todos los ámbitos de la vida.
Desde la perspectiva de la ciencia jurídica, el poder constituyente es, en términos de Negri, “la fuente de producción de las normas constitucionales, esto es, el poder de hacer una Constitución y, por lo tanto, de dictar las normas fundamentales que organizan los poderes del Estado: dicho de otra manera, es el poder de instaurar un nuevo ordenamiento jurídico, es decir, de regular las relaciones jurídicas en el seno de una nueva comunidad” (El poder constituyente, p. 28).
A partir del poder constituyente se aspira a definir el proyecto de construcción de una sociedad radicalmente justa, democrática e igualitaria. Es la invitación a mantener abierta la posibilidad de generar un proceso político emancipador frente a la reproducción de las estructuras de poder y dominación secularmente constituidas; es la energía popular e intelectual convertida en un proyecto de construcción de una red de vínculos sociales que destruyen los mecanismos de exclusión, pobreza, explotación y sometimiento inherentes al capitalismo impuesto por las élites y las clases dominantes.
Es en esa línea que el presidente Petro ha propuesto la convocatoria de un acuerdo nacional como una vía para transformar las instituciones del país, y atender las demandas sociales y económicas de los colombianos. Parte de la definición de la constituyente como un proceso de politización activa de la ciudadanía en tanto que mandante primario, que, en movilización permanente, se expresaría en cabildos abiertos o en asambleas populares.
En Colombia, un acuerdo nacional deberá apuntar a cambios puntuales en pro de una sociedad más igualitaria, sin exclusiones ni de clase ni de procedencia étnica, con derechos para los trabajadores, estudiantes y pensionados, mediante reformas (sociales, económicas, políticas, jurídicas, electorales, ambientales) que garanticen el disfrute efectivo de derechos a la salud, la educación, el trabajo, la pensión y la paz. Lo que es previsible que genere reacciones negativas por parte de los grupos de poder que durante décadas se han lucrado de las desigualdades en el país acumulando privilegios y extracciones de rentas públicas, quienes deberán tener todas las garantías para que ejerzan oposición, excepto si lo hacen mediante mentiras, bulos, manipulaciones o engaños (como mayoritariamente ha sido hasta ahora su costumbre), y cuya visión de un acuerdo nacional es que todo cambie para que todo siga igual.
“El acuerdo nacional –ha escrito la exministra Carolina Corcho– es para cambiar, no para seguir perpetuando privilegios a costa del sufrimiento de las mayorías del pueblo colombiano, no es para privatizar los bienes públicos. No soportamos la pobreza, la inequidad, la codicia, la corrupción. El acuerdo nacional debe beneficiar a las clases medias, a las populares, a hombres, mujeres, diversidades, a los hombres y mujeres del campo y la ciudad. Todo esto es lo que hemos denominado la Agenda de Transición Democrática: Otra Colombia es Posible”.
Los principales objetivos que se buscan a través de esta propuesta de acuerdo nacional son: 1. Implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016, que tendrá en cuenta aspectos como la reforma agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas (en el Consejo de Seguridad de la ONU propuso ampliar el acuerdo a 7 años); 2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua; 3. Reforma judicial para que el sistema sea más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición; 4. Propuesta alrededor del reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local y se incluya el territorio excluido; 5. Cambio climático; 6. Establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación.
La propuesta enfatiza la implementación de los acuerdos de paz, lo mismo que la conducción en el Congreso del debate sobre las reformas pendientes (salud, laboral, educación, servicios públicos, paz total), de todo lo cual se ha encargado al recién nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y del acuerdo deberán hacer parte algunos de los partidos tradicionales (que ya han colaborado en la aprobación de las reforma tributaria y pensional, el Acuerdo de Escazú, el Plan Nacional de Desarrollo y la jurisdicción agraria), los empresarios, las fuerzas sindicales, las organizaciones sociales y en general los colombianos interesados en que en Colombia por fin se respete el derecho ajeno, aprendamos a vivir sin matarnos y se alcance la paz social.
El ministro Cristo ha intentado aclarar que el gobierno busca presentar un proyecto de ley al Congreso para reformar ciertos aspectos de la Constitución, no convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al menos no de entrada. Considera que cualquier cambio constitucional requiere de un “gran acuerdo nacional” previo, y no se imagina una Asamblea constituyente sin este consenso. También ha señalado que uno de los focos debe ser el fortalecimiento de la descentralización y la autonomía de los entes territoriales: “Vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país, con sectores amigos del gobierno y de oposición, con las altas cortes, con el Congreso, con las organizaciones sociales y comunitarias, con los sindicatos, con los gremios y los empresarios, a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional”.
No hay consenso en el país, pues, en torno de una ANC, pero sí coincidencia entre sectores afines al gobierno y de la oposición en que es preciso la búsqueda de un acuerdo nacional, cada vez más necesario dado el clima de crispación y polarización creciente que deteriora el debate democrático e impide que avancen las propuestas de reformas que el país necesita. Se requiere con urgencia un gran acuerdo nacional que fortalezca los valores democráticos y constitucionales, que permita el avance concertado de las reformas sociales y en el que participen las organizaciones populares, los empresarios, las iglesias, además de las fuerzas políticas de todo el espectro ideológico.
La expresión “acuerdo nacional” fue incluida en uno de los documentos del Acuerdo de Paz firmado en 2016, y para el gobierno y sus aliados ese acuerdo implica cambios estructurales que modifiquen estructuras políticas y sociales que fueron causantes o agravantes del conflicto armado, como la participación política, la reforma rural integral, las garantías a las víctimas y la atención al problema del narcotráfico.
Como ha dicho la senadora María José Pizarro: “En la izquierda, la posibilidad de una Constituyente no ha despertado grandes emociones, aunque sí hay buen clima para un acuerdo nacional, esto es, que los partidos puedan llegar a acuerdos para que avancen las reformas”. Y en un sentido similar, el excomandante de las Farc Rodrigo Londoño destacó que se deben buscar salidas a través del Congreso y las leyes antes de implementar una constituyente: “Estamos hablando de lo que dice el acuerdo que discutimos en La Habana y que ratificamos aquí en el Teatro Colón, donde está planteado un gran acuerdo nacional para sacar la violencia, las armas del ejercicio de la política. Eso es lo fundamental; los mecanismos los vamos construyendo”.
Por su parte, el mismo presidente Petro ha ido renunciando a la idea de convocar una ANC; ahora habla de “proceso constituyente” que incluiría “asambleas populares regionales” y “coordinadoras municipales”, y, luego ha mencionado la posibilidad de un referendo con siete grandes temas. Esto dijo en una entrevista reciente: “La Constitución de Colombia establece las formas de cambiar (la Constitución). Puede ser por el Congreso, en acto legislativo. Puede ser a través de referendo constitucional. Puede ser a través de una asamblea constituyente y allí está escrito en sus artículos. Yo no he hablado de los medios, las formas. Yo he hablado del contenido, qué significa que el pueblo se declare en poder constituyente. Es lo que he dicho: poder constituyente. Es una actitud de la población, la actitud que genera la democracia. Lo que el presidente de Colombia está pidiéndole al pueblo es que se apersone de la democracia”.
El ministro Cristo tiene claro que las prioridades de su ministerio serán la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y las conversaciones para establecer los puntos del gran acuerdo nacional y las reformas en curso. Después se verá cuál es la vía para aprobarlas: el Congreso, un referendo o una ANC.
En días pasados, durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Petro habló de hacerle cirugías de fondo a la Constitución de 1991, mencionado la figura del fast track o mecanismo exprés (usada ya por el expresidente Juan Manuel Santos en la promoción de las primeras reformas para implementar el pacto de La Habana de 2016), cuya agenda incluiría: 1. Modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios; 2. Cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones que permita dirigir recursos a las zonas PDET para financiar sus proyectos de infraestructura e inversión; 3. Excarcelar al campesinado productor de hoja de coca; 4. Optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución productiva de economías lícitas y un cambio a la agroindustrialización; 5. Creación de la figura de la concesión hereditaria en las zonas selváticas de la ley segunda; 6. Una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de tierras, y una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a crédito y una formalización de títulos con mecanismos especiales; 7. Sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto; 8. Ampliar el plazo de implementación del Acuerdo por siete años más.
Para conseguir esto, debe definirse previamente un acuerdo nacional, aunque al final todo ha de pasar por el Congreso. Asimismo, prepara un par de marchas populares en respaldo a sus propuestas: una para el 20 de julio y otra para el 7 de agosto.
Por nuestra parte, creemos que el referendo es la salida viable, dado lo poco procedente que sería, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente. A través de este mecanismo de reforma constitucional, contemplado en el artículo 374 de la Carta Magna, los ciudadanos pueden hacerse partícipes directamente en las decisiones sobre un paquete de reformas previamente definidas en escenarios de participación y deliberación popular, lo cual aumenta la legitimidad y el apoyo popular a estos cambios.
El referendo también puede servir como un contrapeso al poder de los partidos políticos y las élites, obligándolos a negociar y a llegar a consensos más amplios sobre las reformas. Además, la participación ciudadana en un referendo fortalece la democracia al exigir que las decisiones legislativas reflejen visiones coherentes del país, en lugar de intereses personalizados o clientelistas.
Un referendo exitoso sobre reformas sociales demostraría el respaldo popular a estos cambios por los que mayoritariamente votó la ciudadanía en las elecciones presidenciales, lo cual facilita su implementación.
