De acuerdo con la Sala Plena, el Acuerdo se ajusta a la Constitución Política vigente porque los derechos de acceso en asuntos ambientales es presupuesto esencial para garantizar la participación ciudadana y guarda correspondencia con lo estipulado en los artículos 1, 2, 40, 70 y 95 de la Carta Constitucional. Además, “el propósito de crear y fortalecer las capacidades y cooperación tributa en beneficio de la realización de dichos derechos, se proyectan como bases para superar las barreras existentes en su ejercicio ".
La Corte destacó, además, que esta decisión “ayudará a saldar una deuda histórica con la naturaleza y con las personas defensoras del medio ambiente”. De ahí que este fallo constituya un hito fundamental, al tiempo que refuerza su compromiso con la protección de los derechos ambientales y de los encargados de proteger la naturaleza.
Colombia, el segundo país más biodiverso del planeta, es a la vez uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, con un alto número de asesinatos de activistas. Según un informa de Global Witness, en 2022 se registraron 60 asesinatos de defensores ambientales en el país, lo que subraya la urgencia de implementar medidas efectivas para su protección. La violencia contra estos defensores a menudo está relacionada con intereses de industrias extractivas, como la minería y la agricultura, así como con el narcotráfico y grupos armados ilegales, a lo que se suman el uso del fracking para la exploración petrolera, la deforestación, la fumigación con glifosato, la explotación minera en páramos y la contaminación de las fuentes hídricas.
El Acuerdo de Escazú fue creado para abordar las crecientes amenazas a los defensores del medio ambiente y para promover la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientes. El reto ahora es que en su implementación se cumpla a cabalidad lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo: “El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Entre los aspectos más destacados de este Acuerdo internacional, están:
- 1. Garantizar el acceso oportuno, eficaz y entendible de la población a la
información ambiental.
- 2. La información ambiental debe ser inclusiva y con mecanismos de vericación.
- 3. El acuerdo no solo contempla la entrega de información por derechos de
petición, sino que además insta a las autoridades competentes a generar,
recopilar y difundir “información ambiental relevante para sus funciones”.
- 4. El acuerdo tiene dentro de sus objetivos garantizar la participación equitativa
de la sociedad en las decisiones ambientales.
- 5. Se debe garantizar el derecho al acceso a la justicia en temas ambientales.
- 6. Se debe garantizar un ambiente propicio y seguro a los líderes ambientales.
- 7. Para algunos casos especícos de conictos ambientales, se prevé la justicia
internacional.
Con el aval de la Corte Constitucional al Acuerdo, Colombia fortalece su
compromiso con la justicia ambiental, lo cual incluye la creación de mecanismos
para la participación ciudadana en decisiones sobre el medio ambiente y la
promoción de la transparencia en la gestión de recursos naturales. Su
implementación se traducirá en talleres, mesas de socialización y un protocolo
de reacción ante situaciones de riesgo o agresión contra defensores ambientales,
consolidando un futuro más justo y sostenible.
El gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, desde la sanción de la Ley,
ha trabajado en las condiciones necesarias para su funcionamiento efectivo. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la conducción de Susana
Muhamad, viene avanzando en la creación de la Comisión Interinstitucional
para conseguir la implementación integral del Acuerdo, procurando que las
comunidades, organizaciones y defensores ambientales sean escuchados y
defendidos. En ese propósito, ha lanzado el programa “Alerta por mi ambiente”,
destinado a promover la participación de los ciudadanos, el acceso a la
información y el afianzamiento de la gobernanza medioambiental en el país; es
una prolongación de las actividades previas de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA). El programa ha realizado ya 75 proyectos de
control ciudadano en varias ecorregiones, lo que es un precedente para crear el
Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
La decisión ha sido celebrada por diversas organizaciones y figuras políticas. El
presidente Petro expresó su satisfacción en redes sociales, felicitó al Congreso y
a la ministra, y dijo que será una Ley que “fortalecerá el tejido social”. La
ministra Susana Muhamad, por su parte, afirmó que “Con la ratificación del
Acuerdo de Escazú damos un paso histórico en Colombia hacia la protección de
quienes defienden la naturaleza y la participación de la ciudadanía en las
decisiones ambientales. Quiero agradecer el trabajo de las organizaciones
sociales, la juventud, el Congreso, el Gobierno y toda la sociedad movilizada en
la ratificación del Acuerdo, esta es una victoria de todos. En el año de la
naturaleza, en el que somos anfitriones de la COP16, con Escazú hacemos Paz
con la Naturaleza”. Y agregó: “¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para la
ciudadanía? Significa la garantía de sus derechos de participación en las
decisiones ambientales, que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos
que dar información transparente sobre esas decisiones y además que tenemos
que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean
estigmatizados y defender también su vida (…) Nuestro reconocimiento a todas
las organizaciones ambientales y ciudadanías que por varios años se movilizaron
para que esto hoy sea una realidad. Con el Acuerdo de Escazú, Colombia se
vuelve corresponsable con otros Estados que ya ratificaron el acuerdo en América
Latina, y por lo tanto rendiremos cuentas ante el mundo sobre la democracia
ambiental en el país”.
Sin embargo, para que este Acuerdo tenga un impacto real, resulta decisivo que
el gobierno colombiano tome medidas para que se implementen los mecanismos
necesarios que aseguren la participación ciudadana, la consulta previa e
informada y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como para
garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente. La violencia
persistente contra los activistas y la falta de recursos para implementar
adecuadamente el Acuerdo son cuestionen que deberán abordarse con urgencia.
La comunidad internacional también jugará un papel importante en la
supervisión de cómo Colombia cumple con sus compromisos bajo este tratado. A
medida que se acerca la COP-16, la conferencia sobre biodiversidad (que se
realizará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre del presente año), la
ratificación del Acuerdo de Escazú podría posicionar a Colombia como un líder
en la defensa de los derechos ambientales en la región, siempre y cuando se
tomen las acciones adecuadas para respaldar este compromiso.
